CON IZQUIERDA UNIDA SE AVANZA CONTRA LOS DESAHUCIOS
El debate con respecto a la gente que tiene en riesgo su vivienda por no poder hacer frente a las
cuotas de la hipoteca cobra fuerza en Andalucía.La crisis ha dejado en el paro y sin recursos a
miles de personas en Andalucía que están viendo amenazada su casa, puesto que, sólo en nuestra
comunidad autónoma, entre 2007 y 2011 hubo 68.053 ejecuciones (¡¡!!) hipotecarias, según
consta en los datos del Consejo General del Poder Judicial. Andalucía tiene el dudoso honor
de ocupar el primer puesto de todo el estado en esta materia..
Por eso, la nueva Secretaria General de la Vivienda de la Junta de Andalucía, Amanda Meyer,
está impulsando un debate que tiene como objetivo acabar con la injusticia social de los
desahucios sobrevenidos por causas económicas. Para ello no descarta dejar de trabajar con los
bancos y entidades financieras que echen a familias a la calle, penalizar los pisos que estén
desocupados o, incluso, llegar a expropiarlos. Ver entrevista en El Correo: http://kyp.be/68h
El primer paso será impedir que se eche a la gente afectada por la crisis y que no pueda pagar
sus cuotas de una vivienda pública. El segundo será actuar sobre el resto de las viviendas de
renta libre. En ambos casos no serán pocos los obstáculos legales a favor de los bancos: La Ley
de Enjuiciamiento Civil, la ley hipotecaria, que tiene en marcha una Iniciativa Legislativa
Popular para modificarla a favor de los más desiguales.
De momento, y en Andalucía, que es la trinchera sobre la que ahora actúa Izquierda Unida con
cierto poder institucional, se ha emitido la orden por parte de la Consejería de Fomento y
Vivienda, de paralizar todos los lanzamientos de desahucio previstos sobre el Parque Público de
Vivienda de titularidad de la Junta de Andalucía. De manera especial en los casos de
sobreendeudamiento de las familias y, desde luego,donde haya personas dependientes –menores o
ancianos- dentro de la unidad familiar.
Una Consejería gobernada por Izquierda Unida no participará en una política que cierra los ojos a las
necesidades de los colectivos a los que estamos obligados a defender desde las administraciones.
Y el derecho a esa defensa pasa por el derecho a techo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario