Militantes de
IULV-CA y del PCA, encabezados por el coordinador local y delegado territorial
de vivienda, Juan Antonio Sáez y los miembros del consejo local, Francisca
Expósito, José Manuel Marín, Miguel Martínez, Rosa María Pérez Barcenas, Miguel
Salas y José Navas, entre otras personas, han realizado una recogida masiva de
firmas en la calle Ollerías de Andújar con el fin de apoyar la Iniciativa
Legislativa Popular que contempla una Proposición de Ley de Regulación de la
dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social.
Los vecinos y
vecinas de Andújar están muy sensibilizados con el gravísimo problema de los
desahucios y las ejecuciones hipotecarias y lo han demostrado formando cola
para poder firmar en los pliegos dispuestos para ello y sellados por la Junta
Electoral Central.
El coordinador
local y delegado territorial de vivienda, ha declarado que la regulación actual
implica que la entidad bancaria pueda adjudicarse la vivienda de una familia
por tan sólo el 50% del valor de tasación y seguir exigiendo a la familia el
monto restante, más los intereses generados y los gastos del procedimiento
judicial. De tal manera que las personas que padecen un proceso de ejecución
hipotecaria no sólo pierden sus viviendas habituales, sino que en muchas
ocasiones, además, se quedan con buena parte de la deuda, con una condena de
por vida que las excluye definitivamente de cualquier circuito financiero o
crediticio.
La solución que
se propone en Iniciativa Legislativa
Popular es hacer de la dación en pago la fórmula preferente para la resolución
de este conflicto; en el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda
habitual, su adjudicación por parte de la entidad financiera supondrá el pago
de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los intereses y
costas. La extinción de la deuda comportará por efectos de la ley la extinción
de cualquier tipo de fianza o aval.
En coherencia
con esta propuesta, se regula la paralización de los lanzamientos derivados de
ejecuciones hipotecarias, proponiéndose la conversión de la vivienda adjudicada
por la entidad financiera en un alquiler social a favor del ocupante.
Andújar, 10 de octubre de
2.012
GABINETE DE
COMUNICACIÓN
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