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Con este Decreto-Ley –afirma el Coordinador Provincial de la federación de izquierdas-, se sitúa la defensa del interés general por encima de los particularísimos intereses de la banca y las grandes empresas inmobiliarias, actores activos y responsables de la situación de crisis económica, laboral y, en consecuencia, habitacional que padece nuestro país. Segura añade que las sanciones de hasta 9.000 € a personas jurídicas y la expropiación temporal durante tres años del uso de las viviendas embargadas a personas en riesgo de exclusión social, combinado con los incentivos que contempla este Decreto-Ley para personas físicas en materia de aseguramiento de los riesgos que conlleva el arrendamiento, garantizando el cobro de la renta y el arreglo de eventuales desperfectos, las medidas fiscales que determinarán las respectivas Administraciones y las subvenciones, que se recogerán en el próximo Plan de Vivienda, como elementos fundamentales que contempla el citado Decreto-Ley, conforman todo un plan de choque que puede contribuir, junto a las medidas puestas ya en práctica desde la Consejería de Fomento y Vivienda, a erradicar el drama de los desahucios en Andalucía.
Finalmente, el coordinador provincial de IU en Jaén señala que este Decreto-Ley tiene un perfecto anclaje jurídico en la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en la reciente Sentencia del Tribunal de Luxemburgo, a lo que se añaden los múltiples requerimientos del Defensor del Pueblo Español y el Informe de la Relatora de Vivienda de la ONU, que evidencian la notable desprotección que sufren las personas y familias que se hipotecan y las dificultades para hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda en nuestro país. Finalmente, el coordinador provincial de IU en Jaén afirma que, medidas como las que plantea este Decreto-Ley de la Función Social de la Vivienda, reflejan un cambio real, y hacia la izquierda, de las políticas de la Junta de Andalucía a partir de la entrada de IULV-CA en el Gobierno andaluz.
GABINETE PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN
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